Los abogados liberales proclamamos la libertad y la dignidad de los derechos del individuo y de la sociedad frente al Estado, promoviendo y defendiendo en todo momento el interés público y la fraternidad en la comunidad; velando por la protección de aquellos que no tienen voz, amparándose en principios inalienables universales, que solo se alcanzan en la medida del respeto a la dignidad de toda persona.

Si bien es cierto que la elección de los jueces es un mecanismo que busca incluir a la comunidad en las decisiones judiciales, dotando de legitimidad democrática la función jurisdiccional del Estado Mexicano, consideramos que prescindir de los beneficios que actualmente brinda la Carrera Judicial, misma que ha venido estructurándose y evolucionando por largo tiempo, sería una grave pérdida para los objetivos planteados; por ello vemos conveniente aprovechar la experiencia y especialización que ha adquirido ya dicha Carrera Judicial en la implementación de sistemas que le permitan a los órganos evaluadores de los poderes de la Unión que propongan candidatos, replicar los modelos y buenas prácticas que hayan funcionado en la selección de los mejores perfiles, para que las personas juzgadoras antes de que sean sometidas a votación popular cumplan con los más altos estándares de conocimientos, aptitudes y habilidades, así como a metodologías idóneas de controles de confianza que permitan que todos los candidatos hayan acreditado tener la capacidad para impartir una justicia basada en los PRINCIPIOS de ser: 1. pronta, 2. expedita, 3. imparcial, 4. integradora, 5. confiable, 6. protectora, 7. incorruptible, 8. con visión de justicia social y 9. apego al principio de progresividad de los Derechos Humanos.

Es importante que no se establezca una reducción de ingresos de todas las estructuras jurisdiccionales, pues de esa manera se estarían afectando derechos laborales adquiridos y disminuiría considerablemente la productividad de los mismos, lo que podría incentivar la corrupción, lejos de combatirla.

Se pueden además plantear recomendaciones concretas para reformar el sistema judicial mexicano con el objetivo de garantizar una mayor equidad, accesibilidad y eficiencia en la administración de justicia. Esto puede incluir cambios legislativos, programas de capacitación y medidas de transparencia, así como la reasignación de recursos para la implementación estructural y adecuado funcionamiento de dichos órganos, así como la mejora de tecnologías de información y de ciberseguridad.

Los juzgados del fuero común en todas las entidades federativas están sobresaturados tomando en consideración los índices demográficos en relación con el número de órganos jurisdiccionales existentes, sin que se incremente en la misma proporción la cantidad de los mismos que, por su carga de trabajo programan audiencias en plazos que afectan el principio de justicia pronta y expedita y desfasan los términos procesales. Si bien las nuevas iniciativas legislativas como el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y el de Procedimientos Penales y las reformas laborales se enfocan en combatir ese problema, también es cierto que requiere el fortalecimiento de los recursos humanos, materiales y financieros para su implementación.